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e-government
El uso de internet por parte de las instituciones
del gobierno empieza a convertirse en el arma para reducir la burocracia y la
corrupción
Andrés Rojas Jiménez
La reputación de
los gobiernos se encuentra en problemas desde hace dos décadas. Una de las
razones, según las encuestas, está en que la población no piensa que sus
dirigentes lo estén haciendo bien", comenta Timothy Clark, editor de la
revista estadounidense Government Executive, en uno de los más recientes
editoriales, y por ello señala que uno de los retos que tienen las autoridades
gubernamentales está en que agilicen la velocidad de respuesta en las demandas
que formulan los ciudadanos.
La carrera que ha tenido el uso de internet, la cual no solo ha llevado al
desarrollo de los negocios o las transacciones comerciales con lo que
internacionalmente responde a la denominación en inglés de e-commerce o
e-business, tocó al sector público a través del e-government, o gobierno
electrónico como empieza a referirse en español.
"E-government consiste en discernir cómo se pueden aprovechar las
nuevas tecnología para acercar el gobierno al ciudadano", señala la
publicación argentina Portafolio Personal al referirse a este concepto.
"El gobierno electrónico vale la pena porque reduce los costos, mejora los
servicios prestados y genera un contacto más intenso con la población",
indica.
En Venezuela, esta labor la emprendió el Ministerio de Ciencia y Tecnología,
que se ha convertido en el órgano ejecutor para el desarrollo de internet en el
sector público, al tiempo que inició el impulso de cabinas y centros de esta
tecnología a través del programa de infocentros. Paralelamente, las compañías
de tecnología y servicios de información muestran un avance en sus relaciones
con el sector público justamente por el crecimiento que se le viene dando a las
soluciones que abarca e-government.
Público con cara de privado
"El sector público está siendo forzado a proveer niveles de servicios
similares a los que ofrece el servicio privado con el negocio electrónico",
comenta Pedro Maberti, director para el área de gobierno de Unisys de
Venezuela. "En el caso del e-government, el ciudadano determina cómo debe
organizarse el gobierno para que el contacto sea más sencillo y directo",
acota.
En el caso venezolano, se maneja la proyección que la difusión de internet
en la administración pública permitiría un ahorro en los ingresos fiscales de
1,9 billones de bolívares en el transcurso de dos años, según ha indicado el
ministro de Ciencia y Tecnología, Carlos Genatios, quien explica que esta merma
en los gastos corrientes en la que incurre el gobierno con cargo al presupuesto
público se lograría principalmente por una reducción de 70% en la evasión
tributaria, lográndose ingresos adicionales por 750 mil millones de bolívares;
y se registraría una disminución de igual proporción en los costos en los que
incurre el gobierno por los trámites burocráticos, lo cual implicaría reducir
el gasto público en otros 750 mil millones de bolívares.
Los restantes 400 mil millones de bolívares, que completarían el ahorro
total que espera el Poder Ejecutivo a través del desarrollo del e-government,
se lograría mediante un aumento en 15% del número de nuevos contribuyentes del
Seniat, un incremento de 1.453% en la velocidad de recaudación de impuestos,
una caída de 20% en las compras del Estado y también se obtendría una merma
de 98% en los costos que pagan las instituciones públicas a las instituciones
financieras por transacciones bancarias.
"El hecho de que el sector público venezolano avance en el uso de
internet, el cual es una prioridad para el gobierno, permitirá que el ciudadano
pueda hacer sus trámites de cédula de identidad, licencia de conducir o pago
de impuestos por este medio, lo que se convierte en una mejor calidad de vida
para la población", asegura Genatios. "Buscamos tener un portal del
gobierno que agrupe a todas las organizaciones, en el cual los servicios de
atención al ciudadano se hagan por medios electrónicos", enfatiza el
titular de Ciencia y Tecnología.
Las proyecciones que hacen las compañías de servicios de información
auguran cambios drásticos en la relación de la población de un país con sus
instituciones oficiales.
Se asegura que gracias al e-government se reinventarán los gobiernos, dado
que se harán más pequeños, ágiles y eficientes. Entre los aspectos más
tangibles de estos cambios está la eliminación del uso del papel o los pagos
por habilitaduría con el fin de tramitar documentos oficiales, que se ha hecho
práctica frecuente en Venezuela. También se menciona que este salto tecnológico
reduce la discrecionalidad en la administración de los fondos públicos.
"El uso de internet permite una mayor transparencia en los procesos
administrativos de los gobiernos y también permite que los ciudadanos sepan en
qué se está gastando el dinero público", explica Leandro Ramírez,
gerente de Oracle de Venezuela para el sector oficial, al señalar que en otros
países cualquier persona puede entrarle a la página web de un organismo
oficial y ver cómo se encuentra la ejecución del presupuesto o en qué fase se
encuentran las licitaciones gubernamentales.
El gobierno de Venezuela ha dado dos pasos en la orientación de darle un
impulso al desarrollo de e-government: En primer lugar, a través de un decreto
presidencial en el cual se considera prioritario el uso de internet y, en
segundo término, mediante la aprobación del marco jurídico de documentos y
firmas electrónicas, lo que forma parte de las legislaciones incluidas en el
marco de la Ley Habilitante que le aprobó la Asamblea Nacional al presidente
Hugo Chávez.
No obstante, la difusión del e-government no se remite solamente a que
exista un acceso a las computadoras o se dicten las leyes que favorezcan su
difusión, según revelan las experiencias más avanzadas en Estados Unidos,
sino al nivel de educación de la población.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos muestra que el plan de acceso
al gobierno electrónico no resulta equitativo: mientras 40,8% de la comunidad
blanca tiene disponibilidad de usar una computadora, esa cifra se reduce a 19,4%
para los hispanos y 19,3 para los afroamericanos.
"El gran problema es el acceso a la educación y a la capacidad de
escribir y leer", reseña Esther Dyson, autor de la publicación Un diseño
para vivir en la era digital. "Se pueden poner computadoras en centros
comunitarios, pero solo la gente letrada los usa", puntualiza.
Creando base de datos
Una de las experiencias más exitosas del uso de internet la muestra el gobierno
de México con su sistema de compras gubernamentales denominado Compranet, que
se anotan tanto Unisys, por servir de integradora de esta solución, como
Oracle, por la base de datos que tiene este mecanismo electrónico para las
licitaciones del sector público en ese país que se inició a mediados de los años
noventa.
Un estudio de la firma Gallup México revela que el uso de internet para las
licitaciones públicas y compras gubernamentales ha disminuido los casos de
corrupción en 71% y se han agilizado los trámites burocráticos en 67%. También
indica que existe una percepción de mayor transparencia por parte de las
empresas que participan como proveedores del sector oficial.
Pedro Helguero, también del equipo que atiende el sector gobierno en Unisys
de Venezuela, resalta el hecho de que el uso de Compranet en México ha
permitido incorporar a pequeñas y medianas industrias que anteriormente no tenían
acceso a participar en los procesos de licitación del Estado.
Las cifras muestran que antes de que el gobierno mexicano optara por este
mecanismo electrónico para sus compras, la intención de participar por parte
de pequeñas empresas llegaba a 26% y ahora alcanza 47% de este sector.
Este sistema de licitación pública es objeto de estudio en Venezuela, a
través del Ministerio de la Producción y el Comercio, pero ya existe un paso
adelante para su implantación, toda vez que las autoridades mexicanas han
manifestado su voluntad de donar el sistema Compranet a sus socios comerciales
del Grupo de los Tres, que además de Venezuela, lo integra Colombia.
Prácticamente todas las instituciones públicas venezolanas han emprendido
procesos de modernización para incorporar el uso de internet, para ello se ha
recurrido a préstamos de organismos multilaterales como el Banco Interamericano
de Desarrollo, Banco Mundial o Corporación Andina de Fomento que han venido
respaldando a organismos como el Ministerio de Finanzas, Seniat, Tribunal
Supremo de Justicia, Fiscalía General de la República o el Ministerio de
Ciencia y Tecnología.
Los estados y los municipios también han optado por incorporarse a esta
carrera de e-government, principalmente se reseñan los programas que adelantan
la gobernaciones de Carabobo y Mérida, o las alcaldías de Baruta y Chacao, en
Caracas, en las que existe el proyecto de que los pagos de impuestos municipales
se puedan realizar a través de internet, tal como empieza a ocurrir con las
transacciones bancarias. No obstante, Venezuela permanece como uno de los países
cuya población con menor acceso al uso de computadoras no llega ni a 5%.
Los 20 gobiernos "top"
La firma consultora Andersen Consulting realizó una investigación, que se
reveló en mayo del 2000, en la cual el gobierno de Estados Unidos encabeza la
lista de los 20 países con mayor desarrollo de sus trámites con la población
a través de medios electrónicos.
En la investigación se señala que los siguientes cuatro puestos lo alcanzan
las instituciones públicas de Singapur, Australia, Canadá y Francia, que
llegan a tener entre 40 y 80% de sus servicios automatizados.
Entre los puestos seis y 10 figuran los gobiernos de Reino Unido, Hong Kong,
Nueva Zelancia, Noruega y España. Los siguientes 10 puesto corresponden a
Alemania, Holanda, Suráfrica, Italia, Japón, Irlanda, México, Bélgica,
Malasia y Brasil.
No obstante, la investigación indica que aún existe una brecha entre los dirigentes y el desarrollo del e-government, y advierte que no se logrará un mayor avance si los gobiernos no tienen una visión ejecutiva, si no existe una visión de servicio hacia el ciudadano y si no se piensa en la ruptura con el funcionamiento tradicional de la administración pública